Los incendios de Ñuble y Biobío dejaron una devastación visible, marcada por pérdidas humanas, territorios arrasados y comunidades que intentan volver a levantarse. Sin embargo, hay otra emergencia menos evidente, pero igual de urgente, que no se extingue con las llamas.

La salud mental de los afectados entra en una fase crítica cuando la emergencia deja los titulares y comienza un proceso de duelo profundo y silencioso, muchas veces invisibilizado. Además de la pérdida de vidas, se suma la del hogar, el entorno y proyectos de vida, en un proceso colectivo y simultáneo, donde la angustia o la desconexión emocional requieren tiempo y acompañamiento.

En esta segunda etapa, el país necesita de la colaboración de múltiples actores para resolver las brechas de acceso a atenciones oportunas, entornos laborales que den espacio y acogida a esta necesidad y comunidades que estén dispuestas a trabajar sobre estos desafíos.

La salud mental tiene una dimensión colectiva y hoy representa un desafío país, no solo de quienes han sido directamente afectados. Por ello, los esfuerzos orientados a visibilizar el problema, desarrollar modelos de atención, fortalecer la prevención y ampliar el acceso deben ser no solo bienvenidos, sino sostenidos en el tiempo. Desde la Achs, que en los últimos siete años ha fortalecido sus capacidades para dar mayor centralidad al cuidado de la salud mental desde una mirada preventiva y de acceso amplio, estamos activando un servicio gratuito y remoto de atención psicológica para personas afectadas por los incendios, que ya puede ser requerido.

¿Es suficiente este apoyo? No. ¿Resuelve por sí solo todas las necesidades en salud mental de la población afectada? Tampoco. Pero es necesario, oportuno y genera valor para las personas en un momento crítico.

La recuperación emocional tras una catástrofe no es inmediata ni individual. Requiere tiempo, continuidad y un compromiso compartido entre el mundo público, privado, los empleadores, las comunidades y las instituciones. Cuando la emergencia salga de la agenda pública, el riesgo es que también se diluya la coordinación y, con ello, el acceso a apoyos que siguen siendo indispensables. Por eso hay que trabajar en conjunto para que las personas no queden solas cuando las llamas se apaguen y el impacto siga presente.

Las mutualidades de empleadores son fiscalizadas por la Superintendencia de Seguridad Social (www.suseso.cl).