El informe, elaborado por el Consejo Ley Karin convocado por la Achs y la Fundación Carlos Vial Espantoso, identifica nudos críticos en la aplicación de la normativa y propone medidas para fortalecer su implementación, mejorar la confianza y avanzar hacia relaciones laborales más sanas y colaborativas.

A un año de la entrada en vigor de la Ley Karin, la Achs y la Fundación Carlos Vial Espantoso presentaron el informe del Consejo Consultivo Ley Karin, una instancia transversal conformada por 16 representantes del mundo público, empresarial, sindical, académico y legal, que se reunió periódicamente desde noviembre de 2024 con el objetivo de reflexionar, identificar brechas y proponer medidas para mejorar la implementación de la ley.

El informe, presentado en un seminario realizado en el Centro Achs Las Condes, identifica los principales nudos críticos para una correcta implementación de la normativa, entre ellos los extendidos tiempos de investigación ante denuncias a la Dirección del Trabajo, que en muchos casos superan ampliamente el plazo legal; la dificultad para sostener medidas de resguardo prolongadas; la necesidad de fortalecer la promoción del uso ético y responsable de las denuncias; vacíos legales frente a situaciones de violencia ejercida por terceros; y una desigual apropiación cultural.

Junto al diagnóstico, el documento entrega una serie de recomendaciones normativas, operativas y de gestión que apuntan a robustecer la ley y garantizar mejores condiciones para empleadores y trabajadores.

“El desafío no es solo cumplir la ley, sino construir una cultura organizacional basada en el respeto y el buen trato. Este informe es el resultado de conversaciones profundas entre personas con miradas distintas pero un objetivo común: avanzar hacia una correcta implementación de la ley que permita fortalecer una cultura del buen trato tanto en el sector público como privado”, señaló Paulina Calfucoy, gerenta de Asuntos Corporativos y Sostenibilidad de Achs. Agregó que “el Consejo representa una señal potente del valor de la colaboración, donde integrando diferentes perspectivas las personas podemos identificar oportunidades para mejorar y contribuir a una mejor implementación de la ley”.

Durante el seminario, que contó con la participación de autoridades, representantes de empresas, gremios y organizaciones de trabajadores, se destacó que una correcta implementación de la ley no solo contribuye a prevenir situaciones de violencia y acoso, sino que promueve la confianza en las relaciones laborales, mejora el clima organizacional y refuerza la sostenibilidad de las organizaciones.

“Valoramos especialmente la labor de este Consejo, no solo por su diagnóstico y propuestas, sino también por su compromiso en dar seguimiento a la ley. Evaluar qué funciona y qué puede mejorarse, desde una mirada transversal y conectada con la realidad de organizaciones y trabajadores, permite hacer correcciones oportunas en esta etapa clave. Una buena implementación fortalece la confianza y la legitimidad, y es esencial para que la ley se consolide como una herramienta efectiva para construir entornos laborales más sanos y seguros”, indicó Sofía Rivas, directora ejecutiva de la Fundación Carlos Vial Espantoso.

Contenido del Informe

Frente los retrasos en la tramitación de denuncias por parte de la Dirección del Trabajo, el informe destaca que que esta situación afecta directamente a la dignidad de las personas involucradas y puede tener implicancias negativas en su salud mental, en el clima laboral, la confianza en el proceso y la legitimidad de las investigaciones. Para abordar este desafío, el Consejo propone establecer criterios de admisibilidad y priorización de casos y certificar los procesos de investigación de las empresas para entregar más autonomía, de manera que se optimicen los recursos, se agilicen los procedimientos y se evite la judicialización innecesaria de conflictos que podrían resolverse internamente.

Se evidencia una dificultad- e incluso imposibilidad- de aplicar sostenidamente las medidas de resguardo, especialmente cuando las separaciones de funciones o cambios de lugar de trabajo impactan en la operación de las empresas o en la carrera laboral de las personas. Para mitigar estos efectos, el informe propone formalizar las posibles medidas de resguardo en reglamentos internos de las empresas y mayores grados de adaptabilidad en la aplicación de estas medidas, más aún cuando el tiempo de resolución exceda el plazo legal.

Por otra parte, el Consejo valora que la ley ha permitido visibilizar situaciones de maltrato y acoso que antes permanecían silenciadas, advirtiendo también que uno de los desafíos emergentes en su implementación es la preocupación por el uso instrumental o infundado del sistema. Esta situación ha comenzado a generar tensiones y temor a denuncias injustas. Al respecto, el Consejo sugiere la promoción del uso ético de la ley a través de directrices públicas y campañas informativas; y el estudio de mecanismos para identificar y, en su caso sancionar, posibles denuncias infundadas, reglamentando o normando en los casos que corresponda de una manera similar y/o equivalente a la normativa vigente en el servicio público. Todo, cuidando que no se genere un efecto inhibidor sobre quienes enfrentan situaciones reales de maltrato o acoso.

Estas son parte de las medidas propuestas, el informe completo está disponible en los portales de la Achs y la Fundación Carlos Vial Espantoso y busca ser un insumo útil para las autoridades, las empresas, las y los trabajadores y todas las instituciones comprometidas con avanzar hacia entornos laborales más seguros, donde prime el buen trato. 

El Consejo está integrado por David Acuña, ex presidente de la Central Unitaria de Trabajadores (CUT); Georgeanne Barceló, vicepresidenta de Personas y Organización AMSA; Carmen Bueno, especialista en Seguridad y salud en el Trabajo de la Oficina de la OIT para el Cono Sur de América Latina; David Bravo, economista y director del Centro de Estudios Longitudinales UC; Claudia Castro, gerenta de personas de Sodimac Chile; Lilia Jerez, abogada laboral y socia de GNP Canales; Susana Jiménez, presidenta de la CPC; Francisca Jünemann, presidenta de la Fundación Chile Mujeres; Zarko Luksic, abogado laboral y socio de MLV; Agustín Molina, doctor en Psicología de los RRHH y profesor de la escuela de Psicología UC; Teresita Morán, Country Manager de Buk; Patricia Soto, Superintendenta (S) de Seguridad Social SUSESO; Alejandro Steilen, presidente Unión Nacional de Trabajadores (UNT); José Tessada, economista y director de la Escuela de Administración UC; Andrea Tokman, economista Jefe de Quiñenco y consejera electa de la Sofofa; y Fernanda Valdés, Gerenta de Personas de COPEC.